MAS SOBRE EL MENSAJE PRESIDENCIAL DE OLLANTA 2014

AGENDA PARA LA SEUDO-OPOSICIÓN EN EL PERU (·)

“Somos un país de minorías políticas que se disputan cada cierto tiempo cuotas escasas de poder como consecuencia del centralismo, del defectuoso sistema electoral y de la crisis de los partidos políticos.

El resultado es que la política se ha convertido, en muchos casos, en refugio de corruptos o de aventureros y oportunistas que son cooptados fácilmente por el centralismo y los intereses privados. Y eso es un mal signo para una democracia débil frente a los poderes fácticos”.

“El reciente mensaje presidencial mostró nuevamente que el gobierno de Ollanta Humala carece de planes y por tanto de objetivos y metas. Habló de una “agenda priorizada” que mezcla sus programas sociales con anuncios imposibles de verificar hasta que no acabe su período.

Como solo suma algunos escasos logros como Beca 18 y Pensión 65 con el anuncio reiterado todos los años de nuevas inversiones en salud y educación, además de sus misteriosas políticas de reactivación, el conjunto vuelve a mostrarse deshilvanado, sin que nadie sepa muy bien a dónde va.

Algunos piensan que Ollanta escogió el mejor inicio para su discurso, al referirse a la educación y la salud, dejando para más adelante la seguridad y la reactivación económica. Pero difícil creerse que lo que se quería decir es que el gobierno se despedirá en medio de una feria de colegios y hospitales, y que lo que vendrá será una elevación en la calidad de estos servicios y en los ingresos de sus profesionales.

El Presidente parece más bien haber buscado la forma de no transmitir en su mensaje lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses en los que el ministro de Economía y las organizaciones empresariales han trabajado un plan de concesiones, desregulaciones y subsidios, como supuesta estrategia para comprometer a la gran inversión privada en la reactivación de la economía.

Cualquiera diría que Humala no ha querido que se le tome como el gobernante pro gran empresa, que actualmente es, y para eso se ha ido por la educación, la salud, el mayor número de policías, los pequeños aumentos a grupos dependientes del Estado (jubilados, viudas, profesores contratados, militares, policías), y el incremento de cobertura de programas sociales. Tanto ha sido el énfasis en este aspecto, que ha dado pie para que el especialista en demagogia que es Alan García diga que se quiere regalar dinero con fines electorales.

Pero Castilla aclara bien que es poquito lo que se está inyectando al consumo y que si vamos a hablar de farras fiscales populistas, García debería tener mayor cuidado. El punto es que el SOBREGASTO del Estado está por otro lado, a pesar de que Humala quiera que no se note, que es en las asociaciones público-privadas que transfieren infraestructura y derechos públicos, con plata encima a operadores privados; cambios tributarios a favor de la inversión; deudas tributarias anuladas; multas ambientales y laborales recortadas y desregulación en estos aspectos; privatización parcial empresas públicas (Petroperú, ELECTROPERÚ); etc.

El costo de todo esto, que sin duda lo va a pagar el país en alguna forma de ajuste cuando se desbalancee la caja fiscal y no lleguen los nuevos impuestos por reactivación que se esperan, no angustia a la SEUDO-OPOSICIÓN que no tiene ninguna idea distinta de lo que hay que hacer en el país, y centra su crítica al gobierno en el mil veces desmentido sambenito de Nadine y la reelección conyugal, que parece que es la única diferencia que tienen con el oficialismo.

Que un discurso en el que nos han querido mostrar una aparente cara social de un gobierno volcado a salvar la alianza con el gran capital, concluya en un debate tonto de si lo que se ha querido decir es que la primera dama volverá a amenazar las ambiciones de García y la hija de Fujimori, muestra hasta dónde está descendiendo la política peruana y la imposibilidad de un debate en serio sobre cualquier cosa

La razón principal proviene de su desinterés en la planificación, tema que para un militar debería resultar elemental. Recordemos que en una de sus primeras decisiones suspendió la aplicación del PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL, aprobado por unanimidad en el Acuerdo Nacional y promulgado en junio del 2011.

El PLAN BICENTENARIO formado durante tres años de intensas consultas, aportes y correcciones de todas las fuerzas políticas y sociales, fue finalmente sancionado en varias sesiones de alto nivel. Participó en pleno el Foro del Acuerdo Nacional y todo el gabinete ministerial bajo la presidencia del mandatario. Acabó sometido a las pocas semanas de oficializado a una “actualización” por el nuevo gobierno, que el CEPLAN debió entregar el 2012. Después que el gobierno actualizó a tres de sus presidentes, llegó una versión clandestina a la PCM en noviembre del año pasado. Desde entonces permanece en una gaveta bajo llave.

El Plan Bicentenario aterrizaba en más de 80 programas estratégicos que progresivamente ingresarían al presupuesto general de la República, que ya el mismo año de su promulgación incluía una treintena de ellos. Paralelamente debía articularse con los planes regionales.

Así, año a año las metas al bicentenario de la República serían revisables, puesto que incluían todos los aspectos del desarrollo integral. Al dejarse de lado y volverse a la caduca política sectorial, no hay nada que obligue al gobierno a responder por sus avances o retrocesos.

En el discurso menciona el 1,9% de reducción de la pobreza, un ritmo menor que en el periodo de Alan García y que apenas le permitirá llegar a la mitad de lo que alguna vez anunció entusiasta para el 2016. Por ello omite cualquier autocrítica sobre el último Índice de Desarrollo Humano del PNUD, que señala que el Perú sigue estancado en el puesto 82.

El anunció de un novísimo PLAN DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA refleja los límites y el agotamiento del nacionalismo. Para empezar, el pobre CEPLAN no aparece ni como acrónimo, reducido al desvarío de los escenarios ficticios para dentro de medio siglo, aunque repletos de funcionarios con el sueldo duplicado.

El plancito vuelve al esquema militar de los setenta, al manejarse solo con ministerios y empresarios. Adiós a los trabajadores, a los partidos y a la sociedad civil, para aplicar la típica receta fallida de un apolillado texto neoliberal.

Técnicamente hablando, la economía peruana está en recesión, pues en los dos primeros trimestres el PBI ha decrecido, lo que se constata cuando se le mide “limpio de factores estacionales”, como los feriados largos y los días efectivamente trabajados, entre otros. Que esto haya sucedido cuando el MEF y el BCR decían, hasta hace poco, que se crecería entre 5 y 5.5% es todo un signo de los tiempos.

El BCR dice que ellos hicieron bien su parte del trabajo, pues bajaron la tasa de referencia de 4.25 a 4% el año pasado. Y, también, que se redujo varias veces la tasa de encaje para dar a los bancos mayor liquidez para efectuar préstamos. Hace pocos días  la tasa de referencia se bajó a 3.75%.

No sucede lo mismo con el MEF, acusado de no haber seguido una política anticíclica, lo que en cristiano significa que si se constata que el ciclo económico viene a la baja, entonces el MEF debe gatillar los “impulsos fiscales” y gastar más para tratar de revertir el descenso. Dice Macroconsult: “el MEF ha hecho exactamente lo opuesto a lo esperado: bajó la inversión pública en el II trimestre, apoyando la desaceleración de nuestra economía”.

Lo que se constata aquí es, de un lado, el divorcio entre el BCR y el MEF y, de otro, que las medidas del BCR fueron insuficientes y las del MEF inexistentes. Y cuando, al final, el MEF se da cuenta que “no vio” la recesión, se dictan medidas incoherentes.

De un lado, se aumenta el aguinaldo de Fiestas Patrias en 200 soles para “estimular la demanda” y se “libera” la proporción de CTS que el público puede retirar. La cuestión no solo es que estas medidas son como la picadura de una pulga a un elefante (el consumo privado anual en el Perú bordea los S/. 400,000 millones y las medidas no llegan ni al 0.1% de esa cantidad), sino que, al mismo tiempo, se retira capacidad de consumo a los independientes que ahora tienen que cotizar a las AFP.

Pero no se aumenta el salario mínimo, que sí tiene un efecto dinamizador clave. No solo eso: se atenta contra las instituciones como el Consejo Nacional del Trabajo, pues se ha impedido que este cumpla con la normatividad vigente, que dice que cada 2 años debe someter una nueva propuesta.

¿Por qué? Porque el ministro Castilla dijo en febrero, que ese aumento no era necesario, matando dos buenos pájaros de un tiro: la institución del CNT y una palanca para reactivar la economía.

¿Eso quiere decir que si el MEF y el BCR hubieran actuado concertadamente la baja del ciclo podría haberse revertido? Y si eso hubiera sucedido, ¿el Perú estaría muy bien bien porque “otra vez estaríamos creciendo”?

La respuesta es no. La baja en el ciclo económico no es “peruana”, sino mundial, como lo ha vuelto a recordar el FMI. La economía global no se ha recuperado de la crisis financiera del 2008, que aparece más como una crisis sistémica, donde la desigualdad de ingresos tiene un rol central (Piketty) y tampoco aparecen los elementos de un nuevo ciclo largo de crecimiento, como el que comenzó después de la II Guerra Mundial.

Lo otro es la forma en que estamos creciendo: sobre todo exportando materias primas, que en los últimos años han tenido precios excepcionales, debido a la China que se industrializa. Esto crea varias “dependencias” ligadas entre sí: una fiscal, pues bajan los ingresos tributarios; otra, por el impacto en el PBI que ahora depende en un 13% de las actividades mineras y petroleras (antes era solo el 6%).

Pero sí había –y sigue habiendo– alternativas. La más clara es el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) del Ministro Ghezzi, que, se afirma, es apoyado por el Presidente Ollanta.

Impulsar nuevos sectores productivos es clave, pues permite alejarnos de la dependencia de las extractivas. Está, por ejemplo, la petroquímica en el sur de país y, también, una industria de fertilizantes en el norte a partir de los fosfatos de Bayóvar, el gas natural y el ácido sulfúrico que producirá la nueva refinería de Talara.

Pero el énfasis del “paquete reactivador” ha sido la profundización de las actividades extractivas, con lo que continuarán las “dependencias”, a lo que se agrega el relajamiento ambiental.

Se dice, además, que habrán nuevas medidas, sobre todo tributarias, entre ellas la disminución del impuesto a la renta, bajo la creencia de que el aumento de utilidades empresariales se destinará a nuevas inversiones. Pero ya se ha demostrado que este impulso a la oferta (“a la Art Laffer”) no revierte las expectativas empresariales (1). Y también se dictarían medidas para disminuir los “sobrecostos” laborales, cuando los sueldos y salarios peruanos están entre los más bajos de la región.

Pero lo expresado en los últimos días apunta a tropezar de nuevo con la misma piedra. Ya se dice que “se volverá a crecer en el II Semestre” y que el 2015 otra vez el PBI llegará al 5 a 6% anual porque ya llega la mina Toromocho, se resuelven los problemas de Antamina y también viene Las Bambas.

Puede ser. Pero el tema no es solo volver a crecer, sino crecer como lo hacen la China y el sudeste asiático, con educación, diversificación productiva y valor agregado.

El Presidente anuncia repartir en Educación y Salud algunos de los fondos acumulados por Castilla al detener la inversión pública desde el 2012 para esos y otros sectores. Y, en medio de la actual recesión nacional, asume transformarse en lo contrario por lo que el pueblo lo eligió: en el Gobierno del poder plutocrático, expresado por la derecha empresarial de la CONFIEP.

Mientras deja al país al garete ante la crisis mundial y nacional, asume el programa de la Desigualdad Antinacional, que consiste en que un puñado plutocrático, crezca sus ganancias concentrando recursos nacionales, bienes públicos, rentas, propiedades, mientras se amplía la desigualdad, condenando al pueblo al trabajo precario, a la quiebra rampante de las pymes, a precarias condiciones de vida, a la inseguridad. El país ha entrado, así, oficialmente, con este viraje plutocrático, en un agudo periodo de crisis política.

(1)PRIMARIZACIÓN. No se ha anunciado un plan reactivador, pues solo se han soltado los recursos acumulados por Castilla, para incentivar demandas hasta el fin de año. Están a la espera de que entren en producción los proyectos mineros de Toromocho, Constanza y las Bambas, para subir por sí solos en 2 a 3 puntos el crecimiento del PBI nacional.

(2)CESIÓN DE SOBERANÍA EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA. Los proyectos de infraestructura (gasoducto sur, refinería Talara, metro Lima) son de mediano y largo plazo en su construcción, pero requieren ahora medidas de soberanía para que impulsen un adecuado desarrollo nacional, y estas se han dejado de lado. El gas de CAMISEA debe ser base para desde ahora convocar la Petroquímica con Petroperú, y no reducirla a quemarlo para generar electricidad. La refinería de Talara debe complementarse con la integración vertical de Petroperú en los lotes petroleros. No hacerlo es ceder soberanía y sabotear el desarrollo.

(3)PRIVATIZACIÓN CON SAQUEO DE RECURSOS PÚBLICOS. El silencio ratifica la iniciada privatización de Petroperú, pese al repudio ciudadano. Se ha anunciado, casi a escondidas, que se privatiza masivamente las empresas públicas, para incrementar el subsidio que se da a la plutocracia indolente. Se privatiza (del 20 al 49 %) ELECTROPERÚ, y otras empresas públicas eléctricas, para regalar sus US$ 150 millones anuales de ganancias. Se privatizan aeropuertos, puertos, SEDAPAL y otras empresas de agua potable, pese al fracaso, como en el Puerto del Callao con APM Terminals.

(4)CHOLO BARATO. No se ha elevado el SUELDO MÍNIMO, pese al obligatorio mandato legal. El silencio es una negativa a aprobar la reclamada LEY GENERAL DEL TRABAJO, acentuando la precarización del empleo productivo, como lo es la reducción de los derechos de salud y seguridad a los trabajadores. La anunciada inversión en educación y salud para ser de impacto efectivo, requiere un pueblo con trabajo productivo, que es el eje de los programas sociales, y no puede reducirse a los programas asistenciales.

(5)RECENTRALIZACIÓN. Se ha ratificado el control casi absoluto de la Dictadura del MEF sobre la Gestión Pública nacional, que tiene una de sus prioridades en la recentralización bajo su mando. Se pretende así impedir que se convoque a relanzar mejorada la reforma histórica de la descentralización nacional.

De cara al 2016 la izquierda tendrá que ofrecer una oferta programática atractiva, que encare, a mi entender, algunos temas claves.

Uno tiene que ver con la reducción de la informalidad laboral, actualmente en 56,3% según cifras del MTPE. Este estado –que se define por la ausencia de protección social y derechos laborales– responde a varios factores: baja productividad de las microempresas (que albergan al 47% de la PEA asalariada del sector privado y registran una tasa de informalidad laboral de 88,8%); ausencia de fiscalización gubernamental; una cultura del regateo por parte de los sectores empresariales; así como la estrechez del mercado interno (asediado por importaciones subsidiadas) e insuficientes políticas gubernamentales orientadas al fortalecimiento empresarial en el campo y la ciudad.

Por otro lado, la desigualdad salarial está íntimamente ligada no solo a las diferencias de productividad entre trabajadores y empresas, sino sobre todo a la inexistencia de mecanismos redistributivos del ingreso. Una forma de hacerlo es a través del salario mínimo, que sirve como parámetro para definir la evolución del ingreso. El otro mecanismo redistributivo recae en una institución neurálgica como la negociación colectiva.

En nuestro país la sindicalización –y por tanto, las negociaciones colectivas– están claramente debilitadas. A pesar del leve repunte experimentado en los últimos años, apenas un 6% de la PEA asalariada privada formal está sindicalizada y tiene la posibilidad de negociar mejoras laborales (a inicios de los 90 era 22% del total de asalariados). En ese contexto es previsible que la distribución de la riqueza generada siga tendencias dispares: mientras las utilidades empresariales representan el 63,2% del PBI, los salarios laborales apenas llegan al 21,7%%.

Esta situación de precariedad laboral persistirá, inevitablemente, si el próximo gobierno –y más si es de izquierda– no aborda los siguientes aspectos claves.

Por un lado, es necesario fortalecer las capacidades funcionales de los órganos rectores –del MTPE y de las direcciones regionales de trabajo y empleo– para ampliar y optimizar el alcance de sus intervenciones; particularmente en lo que toca a la fiscalización laboral. Para ello es imprescindible aumentar el financiamiento asignado a estas instancias (actualmente equivalentes al 2% del presupuesto general de la república).

Asimismo, cae de madura la aprobación de la ley general del trabajo, un pendiente de la transición democrática. Un nuevo ordenamiento laboral daría coherencia y orden a los diversos regímenes existentes, además de restituir garantías claves para el ejercicio de derechos laborales. Básico.

Todo esto deberá darse en el marco de un cambio en el modelo de desarrollo. Lo que supone darle prioridad a los sectores con mayor demanda de mano de obra (manufactura, agricultura, servicios), pero también poner a contraluz discursos como el “EMPRENDEDURISMO” o los “sobrecostos” laborales, que distorsionan y evaden los aspectos centrales del debate laboral. Un agenda compleja, no cabe duda, pero imprescindible de encarar”.

(·) Recopilación de artículos de Raul Wienner, Humberto Campodónico, Manuel Dammert, Agustín Haya de la Torre y otros, con motivo del Mensaje Presidencial  de Ollanta Humala en Julio 2014.