NARCOTRÁFICO: EL GRAN INFILTRADO EL 2014-2016 EN PERÚ

NARCOTRÁFICO Y POLÍTICA

El narcotráfico en el Perú es un problema real  y grave que la sociedad peruana todavía no acepta como tal.  Casi no aparece en las encuestas de opinión pública como un asunto prioritario. El televidente cambia de canal cuando se trata el tema. No da rating, salvo que involucre a alguna señorita con poca ropa y muchas ganas de vivir mejor. El narcotráfico peruano vive, pues, en la sombra. Esa es su estrategia de sobrevivencia y la razón de su éxito. No estar, no ser notado, no mezclarse con nada que lo haga evidente. Mientras los sucesivos gobiernos concentren la acción policial en la delincuencia común y el terrorismo, mucho mejor. 

Sin embargo, el narcotráfico peruano existe. Las colosales ganancias que genera van a parar ciertamente a carteles extranjeros, pero las “firmas” locales se llevan lo suyo y lo desaparecen sigilosamente a través de testaferros y negocios legítimos en todas las ramas de la actividad legal. A diferencia de sus pares extranjeros, los narcos peruanos son “caleta”,  “pasa piola” y desaparecen discretamente en la sociedad peruana. Solo conocemos de sus andanzas cuando algún sicario se agarra a tiros en ajustes de cuentas, explota un laboratorio, se captura un gran cargamento, se detectan activos imposibles de ser adquiridos legalmente o cuando, grave error para ellos, se meten en política.

Nancy Obregón no es la primera congresista acusada por narcotráfico (los apristas inauguraron la lista con el diputado Del Pomar), pero sí la primera después de 25 años. Una paciente investigación policial, que ha acumulado pruebas sobre una organización bien articulada, deja lugar a pocas dudas, las que serán probablemente terminadas de despejar en el proceso. Toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, pero Obregón ha estirado ese beneficio frente a muchos, incluyéndome, por muchos años. Ahora le toca afrontar a ella y a su organización las consecuencias de sus actos.

Sin embargo, ¿puede Alan García y sus aliados de circunstancia, los fujimoristas, desacreditar al presidente Humala por estos hechos? La investigación policial se ha desarrollado en los últimos dos años, exclusivamente bajo esta presidencia. El gobierno de García, periodo en el cual Obregón fue congresista, no realizó investigación policial alguna sobre esta mujer, tal vez por estar más entretenidos en sacar narcos de la cárcel que en meterlos adentro. Así pues el argumento “tuitero” de García preguntándose por la autoría mediata de Humala no tiene ninguna consistencia más allá de las bajezas a las que no escapan nuestros políticos, incluidos los de las más altas cualidades.

La posición de Obregón pro siembra de hoja de coca y contra la erradicación forzosa era pública y notoria, pero ella audazmente la vinculó siempre a un problema de pobreza endémica del campesino y su derecho a la sobrevivencia, como lo hacen otros especialistas no asociados al narcotráfico. Sabiéndose protegida en un argumento aceptable ¿pudo Obregón, durante su trabajo en el sector público, obtener información de interés para sus actividades delictivas? ¿Pudo haber influido en políticas públicas que le dieran ventaja o beneficio frente a la persecución del delito? ¿Pudo haber detenido acciones, investigaciones o políticas en relación al narcotráfico? 
Las respuestas a estas preguntas son relevantes no solo en la investigación fiscal. El Congreso debe hacer un cuidadoso recuento de la actividad parlamentaria de la ex Congresista, así como de su función como asesora. Esta información puede resultar relevante no solo para aportar al proceso en el Poder Judicial sino también para que el Congreso pueda manejar eficazmente mecanismos que detecten el conflicto de interés cuando tal conflicto este vinculado al delito. Más allá del oportunismo político, esa es la tarea parlamentaria pendiente.

OEA OBSERVARÁ ELECCIONES EN PERÚ

Lo anterior explica porque en las elecciones locales y regionales 2014 en Perú, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA)observará las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán en el país el 5 de octubre. Su participación obedece a la avalancha de denuncias que giran en torno a diversas presidencias regionales del país. La OEA suele actuar de observador solo en elecciones presidenciales.

Esta es la segunda vez que el ente internacional se hace presente en un comicio interno, empero el primero en el contexto de serias acusaciones contra autoridades políticas y candidatos por actos de corrupción. Los observadores estarán presididos por el embajador uruguayo, Sergio Abreu.

La intención, de acuerdo al expremier y representante permanente del Perú ante la OEA,Juan Jiménez es dar garantías y generar en la población credibilidad en las instituciones que dirigirán el proceso electoral (Jurado Nacional de Elecciones y la Organización Nacional de Procesos Electorales).

“Modelo de la OEA para universidades del hemisferio”. Este evento reúne a universitarios de 14 países de América y Europa. El encuentro se realiza en el centro de Convenciones de Cerro Juli, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

El expremier instó a la población a ejercer correctamente su voto y a las organizaciones políticas a tener filtros para evitar que “personajes cuestionables incursionen en la política”. 

UN ANÁLISIS IMPORTANTE

Juan Manuel Torres expresa: “En los últimos días, a propósito de las elecciones de octubre próximo, se han visto casos que han dado cuenta de la relación que existe entre el narcotráfico y algunos elementos de la política peruana. Sin duda alguna, el caso más sonado hace referencia al hallazgo de media tonelada de clorhidrato de cocaína en la van de un candidato de Fuerza Popular (fujimorismo) a la alcaldía provincial de Barranca. No obstante, otros casos más recientes han involucrado a partidos como Alianza Por el Progreso y al APRA, evidenciando aún más la complejidad de un fenómeno que resulta altamente peligro para la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país.

Pero, ¿qué permite la incursión del narcotráfico en la política peruana? Existe una serie de factores que pueden ayudar a dar respuesta a esta crucial interrogante.

En primer lugar, la actual crisis partidaria da cuenta de una ventana de oportunidad para el narcotráfico. La proliferación de partidos que carecen de solidez institucional, de legitimidad, de ideología y de mecanismos de democracia interna (por solo mencionar algunas características) facilita la penetración de dinero del narcotráfico (y otros tráficos ilícitos) en esta esfera. Es por eso que algunos partidos políticos terminan convirtiéndose en simples vehículos del poder ilegal.

En segundo lugar, la debilidad del Estado en cuanto ente fiscalizador de partidos y candidatos (a través del Jurado Nacional Electoral) es un elemento que debe considerarse para este análisis. Su poca capacidad operativa (y el marco normativo que la regula) permite que muchos candidatos ingresen a la competencia electoral sin haber sido exhaustivamente investigados. No solo basta con solicitar una declaración jurada sino que también debería existir un registro único y disponible con antecedentes policiales, penales y judiciales.

En tercer lugar: el aumento cuantitativo del narcotráfico en el Perú. A pesar de las recientes reducciones en las hectáreas de cultivo de coca ilegal en el nuestro país, el narcotráfico como actividad ilegal continúa su expansión. Y es que, más que hectáreas reducidas, se necesita reducir la productividad por hectárea. Así mismo, cada mes hay mayor dinero involucrado por lavado de activos. Además, la realidad y la percepción sobre inseguridad ciudadana nos dan cuenta de su incremento, mientras que cada día ingresan nuevos internos a los penales por el delito del tráfico ilícito de drogas. La situación, obviamente, se vuelve inmanejable cuando tenemos un fenómeno incapaz de ser controlado.

El caso aprista debe ser tomado en cuenta para el análisis. ¿Es posible que una persona que ha sido sentenciada por el delito del tráfico ilícito de drogas pueda postular a un cargo de elección popular? De hecho, sí es posible pues la ley no lo prohíbe y existe la presunción de inocencia, la rehabilitación, entre otras garantías. Pero, ¿es moralmente correcto? En una coyuntura en la que temas como “narcopolítica”, “narcoindulto” y “narcocandidaturas”, pueden crear una crisis política severa, es necesario que los partidos políticos dejen de albergar a candidatos con antecedentes judiciales, pues quizá existe (y existirá) con estas personas el riesgo latente de volver a delinquir en un fenómeno que tanto daño le causa al país. El ex presidente García ha tratado de deslindarse de cualquier responsabilidad sobre este caso, pero lo cierto es que le resultará difícil dada la pésima utilización de las conmutaciones y gracias presidenciales durante su gobierno.

(“Centro de Investigación Drogas  y Derechos Humanos” : Dedicados a la reforma de las políticas antidrogas en América Latina con un enfoque de Derechos Humanos).

“Esto se ha dado básicamente por la situación que tenemos en el país con presidentes regionales detenidos o prófugos, eso no lo queremos más. Que esto sirva para que sepamos elegir bien (…) es preocupante que las listas de candidatos estén integradas por personas con juicios y condenas por; procesos de alimentos y hasta narcotráfico”, sentenció antes de inaugurar el XXXII edición del evento.

POLÍTICA DESTRUCTIVA

Jiménez, calificó de impacto internacional la designación de la exministra de Trabajo, Ana Jara, como la nueva premier del gabinete. Y es que, este nombramiento se debe contextualizar en la respuesta del gobierno frente a una grave acusación que involucra a su predecesor, René Cornejo.

“Ha habido una inconducta funcional muy grave y se ha asumido una responsabilidad política. Es sano para el país”, comentó.

No obstante, aceptó la volatilidad ministerial de los premieres en el gobierno.    

CLAVES

El Modelo de la OEA para universidades (MOEA) convocó a 350 jóvenes. Todos se reunirán para conocer y debatir sobre la realidad de sus países. La actividad simulará una reunión de la OEA.

El evento se desarrolla en el Centro de Convenciones de  Cerro JULI hasta el 25 de julio. 

ALGUNOS INDICIOS IMPORTANTES

Antecedentes de homicidio, condenas de corrupción o haber pertenecido a una red de narcotráfico no es impedimento suficiente para ser candidato en Perú, donde las próximas elecciones regionales encendieron alarmas por la permisividad del sistema político.

Una sucesión de hechos han sacado a relucir hasta qué punto el crimen organizado puede mezclarse con la política.

Un camión de campaña del candidato a una alcaldía en Barranca, en la costa central peruana, fue detenido con 400 kilos de cocaína.

Horas después, la presidenta de la Junta Electoral de Ica, en el sur, renunció por temor a “narcocandidatos” de esa región en la campaña para los comicios regionales y municipales del próximo 5 de octubre.

Pero el narcotráfico no es el único cáncer en una política peruana impactada por varios casos de sicariato contra opositores políticos.

“De todos los candidatos que se presentarán para las elecciones regionales hemos verificado que hay unos 1,400 que han sido condenados con sentencias firmes por distintos delitos, muchos de ellos por robo al Estado y narcotráfico”, dijo a la AFP Gerardo Távara, que preside en Lima la organización Transparencia.

“Hay 12 candidatos, entre ellos postulantes a alcaldes y regidores (concejales), que fueron condenados por homicidio”, añadió.

Según Transparencia, 114 de los candidatos del partido Alianza para el Progreso han recibido condenas judiciales. El fujimorismo (Fuerza Popular) tiene 61 candidatos que fueron condenados y Acción Popular 50, mientras el APRA, el partido más antiguo de Perú, tiene 26 postulantes que fueron condenados por algún delito.

“Según la ley, quienes están siendo procesados, pero no fueron condenados tienen derecho a participar, igual que los que han cumplido sus condenas”, dijo a la AFP Percy Medina, director del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).

“Hemos hecho una invocación a los partidos para que seleccionen adecuadamente a sus candidatos”, mencionó. Y dijo que el sistema electoral debe “evitar que existan caballos de troya en los partidos en los que se infiltra el crimen organizado”.

La pésima reputación que tiene hoy la política peruana se agrava en las regiones.

Cuatro gobernadores regionales fueron detenidos recientemente y un quinto está prófugo, todos ellos acusados por delitos de corrupción en el manejo discrecional de cuantiosos fondos que reciben por canon minero y otros recursos.

“Lo que ocurre es que el Estado y los grandes partidos han abandonado hace tiempo a las regiones. Los movimientos regionales han coptado los cargos locales e imponen allí su ley y no rinden cuentas a nadie”, afirmó Távara.

EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN ACCIÓN

El ministro del Interior, Daniel Urresti, informó que el viernes se entregará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una relación con los nombres de los candidatos que participarán en las próximas elecciones municipales y regionales y que registran algún tipo de antecedentes relacionado al tráfico de drogas.

Urresti precisó que hasta ayer eran más de 110 personas las que conformaban la lista y que no necesariamente fueron condenadas, sino que tuvieron alguna vinculación con este delito. Sostuvo que esta entrega de información no tiene precedente, pero que es necesario que los electores conozcan los antecedentes policiales de algunos candidatos.

El titular del Interior señaló también que en los próximos días se dará una relación similar, pero de postulantes vinculados a la minería ilegal. Urresti formuló estas declaraciones luego de supervisar las operaciones contra la minería ilegal realizadas por la Policía Nacional en la Reserva Nacional de Tambopata, en Puerto Maldonado.

El presidente de la región de Loreto, en el norte, fue detenido en julio con orden de prisión preventiva que luego le fue levantada mientras avanza su proceso. En junio fue apresado el gobernador de Cajamarca. Y en la misma situación quedaron los presidentes de Ancash y Pasco, mientras que el gobernador de Tumbes, también con orden de detención, está prófugo.

Pese a los problemas que enfrentan, algunos de ellos no abandonan sus planes reeleccionistas en las elecciones en los que, además de gobernadores, se eligen alcaldes y regidores municipales (concejales).

La Junta Nacional Electoral inició a los primeros días de agosto una campaña en la que pide a la población “eligir un candidato sin mancha”. Y anunció que trabaja en un sistema para publicar los antecedentes de los postulantes, su formación y experiencia.

“Estamos en una situación que Perú no puede darse el lujo de mantener. La democracia peruana tiene que protegerse y para eso es muy importante elevar la vara de condiciones a los candidatos”, indicó Távara.

El Congreso debería dar una nueva ley, señalan las organizaciones civiles, pero admiten que legisladores y dirigentes que han sido elegidos en estas condiciones no quieren ir contra esas reglas.

“Nuestro sistema electoral es muy vulnerable. Hay personas con amplios antecedentes delictivos y aún así logran postular. Se abusa de la presunción de inocencia”, consideró la PROCURADORA ANTIDROGAS de Perú, Sonia Medina.