DEMOCRACIA REAL Y CIUDADANÍA PLENA (II)

POR: UBALDO TEJADA GUERRERO
Analista Global

“No podemos sino calificar, que nos enfrentamos a una estado de hipercorrupción, consolidada a partir de una cultura general, permisiva ante las violaciones de la ley, y ante organismos de control que no cumplían su función, donde los sobornos –forma mas evidente de la corrupción- constituyeron un mecanismo generalizado de resolución de conflictos, situación que a su vez generó porcentajes de soborno desmesurado” (Conferencia: “Corrupción y Organización del Ministerio Público”-Dr. César San Martin Castro-Lima-Perú 2001).

Desde 1,980 en que el Perú retornó a la democracia formal y representativa, uno de los problemas mas importantes para afianzar el proceso de democratización destruido por el fuji-montesinismo, ha girado alrededor de las posibilidades de que se institucionalicen mecanismos de participación popular en todos los niveles del Estado y del gobierno.

Sin embargo hasta el 2,014, los partidos políticos casi han desaparecido del escenario popular, los pocos que existen siguen de espaldas al ciudadano de a pié, manteniendo la tradicional línea del ejercicio burocrático, el ejercicio del voto y la democracia representativa formal centralista y digitada desde Lima, con planes y programas que ofertan, pero que no cumplen.

Lo anterior es comprensible, porque la Ley 26300. “Ley de los Derechos de Participación y Control ciudadanos”, se da dentro del marco político, donde el Fujimorismo, surge con fuerza, después del autogolpe del 5 de abril de 1,992, que implicaba sólo buscar su legalidad, pero instala un mecanismo antidemocrático para obstaculizar y desvirtuar la democracia real y la ciudadanía plena en el Perú, cuyas formas de corrupción ahora alcanzan ribetes de hipercorrupción.

Constituye una exigencia nacional en el Perú, el fomento de una CULTURA DE SALVATAJE CIUDADANO y de participación, que reconozca en el diálogo, la concertación y la transparencia en los asuntos públicos, los pilares de una democracia moderna.

La situación delincuencial del Perú en todos los niveles, nos exige comprender que la alternativa política está en el campo ciudadano, precisando tres conceptos: el PRIMERO, que democracia real y ciudadanía plena, implica el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos y termina por constituir una forma de responsabilidad en la gestión pública; y la SEGUNDA, que la ciudadanía plena, es mas que el ejercicio de los derechos políticos, para convertirse en el único medio, que permite fomentar una creciente participación de los ciudadanos en la gestión pública; y la TERCERA, que es un compromiso de la sociedad peruana, especialmente de los municipios, las empresas, los líderes y los medios de comunicación, en la dirección de hacer educación cívica ciudadana.

Rescatamos la “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 2009”, que expresa el concepto de participación ciudadana, como un “proceso de construcción social de las políticas públicas, que conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta, o amplía los derechos económicos, sociales, culturales políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos que se integran, así como de las comunidades y pueblos indígenas”.

En cuanto a democracia real y ciudadanía plena podemos distinguir tres aspectos: el PRIMERO, el tener como centro la persona humana, como sujeto de derecho a tener derechos y a ejercerlos, que implica el reconocimiento de la dignidad humana y la igualdad ante la ley; la SEGUNDA, no puede haber ciudadanía sin el reconocimiento y respeto de las diferencias étnicas, culturales, lingüísticas y de genero, donde la democracia real y ciudadanía plena, se alimenta y vive de la justicia, y por ello alza en alto la bandera de los derechos humanos como fundamento de Estado; y TERCERO, la ética para reformar la Constitución de 1,993, nacida e impuesta en dictadura, con ausencia supina de construcción ciudadana, y lo que es peor las actuales generaciones desconocen su significado y relevancia.

Podemos ir entendiendo ahora, que por más crecimiento económico dependiente de los mercados internacionales, sin mercado interno, y con un democracia precaria y sin inversión  en educación ciudadana, no augura una tierra de promisión en el Perú.

Debemos acabar con el continuismo de una democracia precaria, comenzando la profundización de la democracia, construyendo una ciudadanía activa, a través de nuevas experiencias de participación popular, incorporando mecanismos  de democracia directa.

Tracemos una primera ESTRATEGIA DE IMPULSO DE LA DEMOCRACIA REAL Y CIUDADANÍA PLENA, sobre la siguiente base:

1.       Cultura Cívica ciudadana, valores y actitudes, para la convivencia democrática.

2.       Sensibilización Ciudadanía de la población acerca de los problemas locales.

3.       Mecanismos participativos con accesos adecuados a la ciudadanía.

4.       Fiscalización efectiva, que impida el abuso del poder.

5.       Servir al pueblo, para que las autoridades no se sirvan de el.

6.       Capacidades Ciudadanas, como garantía para el ejercicio irrestricto de sus derechos a la participación.

7.       Voluntad Ciudadana, expresa a nivel de compromiso y conciencia con la finalidad democrática de la participación.

8.       Educación Cívica Ciudadana desde la familia y el aula, desde la niñez hasta la vejez, desde la educación sistémica hasta la educación permanente o FORMACIÓN CONTINUA.

Finalmente debemos de entender, que sólo el ejercicio de la democracia real y la ciudadanía plena, puede enfrentar como un concepto global, el comportamiento delictivo en el Perú, que tiene dos variables: la PRIMERA, cruzar trasversalmente al propio Estado, el gobierno y el propio Código Penal: lavado de activos, delitos contra la función jurisdiccional, tráfico de armas, fraudes tributarios, extorsiones, homicidios y delitos de lesa humanidad; la SEGUNDA, la invasión de variados ámbitos funcionales: políticos, militares, judiciales, electorales, periodísticos, financieros y empresariales.

Agregando que poco a casi nada puede alterar éste panorama, el proceso electoral 2,016 en el Perú. Seguiremos analizando sus implicancias coyunturales y estructurales, para la elección del nuevo Presidente de la Nación y el nuevo Congreso.